Preguntas frecuentes

¿Qué entendemos por cultura?

Aunque existen muchos enfoques desde los cuales se han propuesto diversas definiciones acerca de la cultura, Costa Rica, como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se suscribe a una definición bastante genérica que se ha mantenido vigente durante los últimos decenios, y que emanó de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, realizada en México en 1982, de acuerdo con la cual la cultura es:

“(…) el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social.  Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (…). Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.”

Esta definición es la resultante de un amplio proceso de diálogo y de reflexión internacional que cuenta con poco más de medio siglo, que tiene su sustrato en el derecho internacional y que ha tenido como preocupación de fondo la visualización de la cultura como un elemento intrínseco del desarrollo, antes que como un valor agregado del mismo o como un instrumento para su consecución.

De ella se desprende el reconocimiento de la cultura como un derecho humano, es decir, un derecho inherente a cada individuo, irrevocable, inalienable, intransmisible e irrenunciable. Pero este enfoque encuentra también a la cultura como un factor de cohesión social susceptible de mitigar las tensiones de convivencia, las desigualdades entre grupos diversos, y como un recurso dinamizador de capitales simbólicos y materiales que tienen un papel medular en la vida política, económica y social de las poblaciones. Por lo tanto, la cultura se entiende como una dimensión que potencia el desarrollo social y económico de los pueblos. Pero también supone una comprensión del desarrollo como un conjunto de medidas que deben formularse de cara a las características particulares de las distintas sociedades, con miras al mejoramiento integral de las condiciones de vida de las personas mediante la ampliación de sus opciones para llevar la vida que desean y gozar del derecho a la libertad en todas sus variables, entre ellas, la cultural.

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¿Por qué es necesario contar con una Ley General de Cultura?

La Ley General de Cultura es un tema pendiente en la historia jurídica de Costa Rica. En el país existe un cuerpo normativo en materia cultural que es amplio, heterogéneo, desarticulado, y que en algunas ocasiones resulta obsoleto o causal de contradicciones, lo que se traduce en impedimentos ejecutivos. Además, no define ni regula con claridad las potestades de intervención del Estado en materia cultural, ni sus competencias como garante de los derechos culturales de las personas.

En ese sentido, el contar con una Ley General de Cultura es importante porque habilitará a la ciudadanía con un marco legal que defina y que regule con claridad las potestades de intervención del Estado en materia cultural, y sus competencias.

¿Cuál es la diferencia entre la política y la ley?

La Política Nacional de Cultura se vislumbra como una política de Estado, es decir, como un cuerpo de principios, objetivos, metas y líneas de acción que un Estado decide implementar con el propósito de transformar determinada realidad. Las políticas de Estado son una herramienta que orienta la formulación de los planes de gobierno, sin circunscribirse ni equipararse a ellos, o a los planes estratégicos y operativos de un sector o de una institución. Una Política de Estado supone esencialmente la resultante de un consenso social sobre la forma de abordar un problema o necesidad, más allá de los ciclos electorales, dando permanencia, articulación y condiciones básicas de sostenibilidad.

A diferencia, una Ley es una norma jurídica que delimita el libre albedrío de las personas en la sociedad. Su razón de ser es regular, establecer y ordenar conductas, garantizando derechos, delimitando deberes y prescribiendo sanciones. Consecuentemente, una Ley se caracteriza por su generalidad, su obligatoriedad, su permanencia, y su impersonalidad y su abstracción.

En el caso de la Ley General de Cultura, su fin último es crear mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos culturales e imponer al Estado el cumplimiento de obligaciones. Su propósito no es sustituir lo que está regulado a través de leyes especiales y reglamentos, sino que más bien busca establecer los lineamientos generales de la cultura que con carácter de mandato legal deben ser respetados. Su función es prescribir normas que amalgamen, uniformen, armonicen y llenen los grandes vacíos de la legislación cultural costarricense.

Así, si una Ley establece preceptos ordenadores acerca de una realidad en un horizonte temporal impreciso, una política en cambio, es un marco orientador que estipula las prioridades de atención y las metas a alcanzar en un plazo de tiempo determinado. El modo como se dará cumplimiento a estas metas se define a través de un plan de acción.

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¿La LGC sustituirá la legislación existente?

No. Una Ley General en cualquier materia no debe duplicar la naturaleza de las Leyes especiales. Como su nombre lo indica, las Leyes especiales se ocupan de regular universos particulares, mientras que las Leyes generales se concentran en los grandes postulados, que en este caso uniforman la visión que tiene el Estado costarricense sobre la “cultura”.

Consecuentemente, la regulación de las especificidades estará dada en primera instancia por las Leyes especiales ya existentes o por las que haya que crear en un futuro, y en segunda instancia por el Reglamento de la Ley general o incluso por otros reglamentos vigentes en el campo cultural.

El propósito de una Ley General de Cultura no es sustituir lo que debería estar regulado por las leyes especiales, ni por los reglamentos a esas leyes, sino más bien, establecer los lineamientos generales de la cultura que con carácter de mandato legal deben ser respetados.

Frente a este panorama la Ley General de Cultura tiene que situarse dentro del siguiente escenario:

  • Por encima de ella está la Constitución Política y los Tratados, Convenios Internacionales y Concordatos aprobados por Costa Rica.
  • Pero también estará por encima de ella, aquellas leyes especiales que, conforme a la jerarquía de las normas tienen rango superior, dada su especificidad.
  • En razón de lo anterior, una Ley General de Cultura debería derogar expresamente toda ley especial que se le oponga, sea total o parcialmente, pues de lo contrario privaría la ley especial.   La derogatoria tácita no opera a menos que sea entre normas con el mismo grado de especificidad.
  • Ante todo, una Ley General debe prescribir normas que amalgamen, uniformen, armonicen y llenen los grandes vacíos de la legislación cultural.

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¿Cómo se relaciona la política con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)?

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, incluye como parte de las metas del Sector Cultura: “Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción Decenal”. Consecuentemente, la construcción de la Política Nacional de Cultura forma parte de la agenda de atención prioritaria asumida por este Gobierno.

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¿La PNC está respaldada por una ley?

De forma paralela a la construcción de la Política Nacional de Cultura, se está trabajando en la creación de una Ley General de Cultura que entre otras cosas, instituya como una competencia estatal la creación de Políticas Culturales con visión de largo plazo.

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¿Cuál es la garantía de que a la PNC se le dé continuidad?

La Política Nacional de Cultura se vislumbra como una política de Estado, es decir, como un cuerpo de principios, objetivos, metas y líneas de acción que un Estado decide implementar con el propósito de transformar determinada realidad. Las políticas de Estado trascienden los cambios de gobierno. Son una  herramienta que orienta la formulación de los planes de gobierno, pero no se circunscribe ni se equipara a los planes estratégicos y operativos de un sector institucional o de una institución.

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¿Cómo se articulan otros sectores en este proceso?

Una Política de Estado supone un consenso social sobre la forma de abordar un problema o necesidad, más allá de los ciclos electorales, dando permanencia, articulación y condiciones básicas de sostenibilidad. Por este motivo, para la construcción de la Política Nacional de Cultura y la Ley General de Cultura, se creó un plan de trabajo sustentado en un proceso consultivo que incluye la participación de representantes de los diversos sectores que conforman el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Locales, el sector privado y la sociedad civil.

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¿Cómo puedo participar en los procesos?

Si usted desea participar en los espacios de consulta o hacer comentarios y sugerencias, puede comunicarse a la dirección electrónica politicaleycultura@mcj.go.cr

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¿De dónde salen las proposiciones para construir la Ley General de Cultura?

Estas proposiciones son el resultado de un trabajo de estudio y de consulta que se ha venido realizando en los últimos 18 meses como respuesta a las necesidades de optimización en materia jurídica que tiene el país, y en seguimiento también al Expediente Legislativo N° 17.359 Ley General de Cultura, propuesto por el Partido Acción Ciudadana en el año 2009 y que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Esta ley no sale de la “creatividad” de un grupo de personas, sino de un proceso inspirado en las experiencias legislativas de los países latinoamericanos con mayor desarrollo cultural, mediante un estudio de legislación comprada, así como de insumos y necesidades concretas identificadas en diagnósticos y señaladas en grupos mediante fuentes de consulta.

La intención es que el proyecto de Ley que resulte de este proceso, entre a la corriente legislativa como texto sustitutivo del Expediente N°17.359.

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¿Cuáles son los principales contenidos de la propuesta de Ley General de Cultura?

De acuerdo con el diagnóstico que realizamos, el gran vacío del ordenamiento jurídico costarricense en materia cultural es que no regula con claridad las competencias del Estado desde una perspectiva de derechos culturales. De esto se desprende que existan falencias, vacíos y necesidades de fortalecimiento en al menos once ámbitos fundamentalmente.

El primero de estos ámbitos es, como se acaba de señalar, las competencias estatales en materia cultural. Por esto hemos incluido dentro de las proposiciones un apartado denominado Estado y cultura, mismo que procura establecer cuál es el rol y los mecanismos conforme a los cuales las instituciones públicas, -esto es, gobierno central y gobiernos locales, no sólo el MCJ- integrarán su accionar en materia cultural. En este apartado se aborda por ejemplo el tema de la cobertura territorial de la gestión pública de la cultura, que es probablemente uno de los temas más sensibles en materia cultural.

Asociado con este asunto se encuentra el tema de la rectoría en materia cultural, pues para nadie es un secreto que el MCJ es la instancia rectora en esta materia, sin que existan necesariamente las condiciones para que esta rectoría sea asumida de forma óptima.

Otro ámbito crucial es el tema financiero. En este sentido, las proposiciones que generamos pretenden garantizar por ley el porcentaje del presupuesto nacional que se destinará a la cultura, y los parámetros para su determinación, de modo tal que se garantice una inversión apropiada en materia cultural a nivel nacional y local, así como una distribución equitativa del mismo.

Un cuarto eje lo constituye el campo del Patrimonio cultural, donde existen sensibles vacíos en lo referente al patrimonio intangible, mueble y subacuático, así como necesidades de optimización del marco con el que contamos para la gestión del patrimonio arquitectócnico y arqueológico, y su transmisión y puesta en valor.

Por otra parte, se han incluido un conjunto de proposiciones que aspiran a garantizar fomentos y estímulos a la cultura  asociados con la creación y el acceso a la utilización de la infraestructura cultural; la promoción y difusión de todo tipo de expresiones culturales; la creación y el fortalecimiento de fondos concursables para el fomento cultural; y las becas, premios,  subsidios y programas de fomento cultural.

Asimismo, se prevé que este marco jurídico optimice la vinculación entre cultura y educación.

También se incluyen algunas proposiciones que crean incentivos fiscales, financieros y aduanales básicos para dinamizar la dimensión económica de la cultura;  y  simultánemente aspira a garantizar un régimen de protección laboral que contempla la especificidad del trabajo cultural, caracterizado por su “temporalidad” y su “intermitencia”.

Adicionalmente se reconocen las necesidades de atención particulares de algunas poblaciones específicas, entre estas: niñez, juventud, adultos mayores, etnias, personas en condición de migración y  personas con discapacidad.

Finalmente, un conjunto de proposiciones se ocupan de la necesidad de garantizar mecanismos para que exista un efectivo control social y rendición de cuentas.

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¿Por qué se presentan proposiciones para construir la Ley y no el texto definitivo?

Ordinariamente los proyectos de ley se redactan a puerta cerrada y es hasta el momento que ingresan a la Asamblea Legislativa que se abre un espacio para consultar a distintas instancias y actores sobre la pertinencia de los mismos. Esta forma de operar ha sido criticada por algunas personas que reclaman espacios para aportar en el proceso de elaboración de los proyectos mismos, en vez de tener que avalar o desavalar un proyecto concluido. Este tipo de críticas son sintomáticas de la necesidad de espacios de participación real que tenemos en Costa Rica.

Precisamente por esto, en el MCJ decidimos apostar por un plan de trabajo que -en la medida de nuestras posibilidades-, fuera lo más inclusivo y participativo posible.  Así, desarrollamos una primera etapa de diagnóstico que contó con espacios de participación sumamente valiosos; y ahora nos encontramos en esta segunda etapa, en la que estamos sometiendo al criterio de la ciudadanía algunas proposiciones con el fin de que todas y todos contribuyamos en este cometido de mejorar el marco jurídico que tenemos.

La intención última de trabajar de esta manera es propiciar un proceso participativo y transparente, y poder contar con un proyecto de ley sólido que pueda ser valorado en la Asamblea Legislativa.

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¿Cuáles son los principales cambios de este texto sustitutivo con respecto al primer Proyecto de Ley?

El Proyecto de Ley propuesto inicialmente está decididamente inspirado solo en la Ley de Cultura de Colombia y transporta textualmente muchas disposiciones que no calzan en la realidad social, política, económica o jurídica del país.   Este TEXTO SUSTITUTO (TS) en cambio, se inspira en: a) Diagnósticos nacionales; b) Toda la legislación latinoamericana y algunas leyes de España sobre temas análogos; c) Proyecto de Leyes Generales de Cultura que se encuentran en trámite en Latinoamérica; y d) Insumos provenientes de 22 mesas de trabajo con grupos especializados por temas, donde acudieron representantes de más de 50 instituciones y sectores, realizados durante el 2011 y el 2012.

El Proyecto de Ley propuesto inicialmente sobredimensiona la figura del MCJ como Ente Rector y gestor de la cultura.  EL TS (Texto sustitutivo), por el contrario, entiende, reconoce y desarrolla todo un Sistema Nacional de Cultura, conformado no solo por el MCJ y sus adscritas, sino por todas las instituciones públicas y privadas, que en su accionar se vinculan con temas culturales o que manejan en forma permanente o transitoria fondos públicos destinados a la cultura. Se posiciona una nueva realidad dentro de la cual se parte de que la gestión pública de la cultura NO es resorte exclusivo ni se agota en el MCJ. Aún cuando se mantiene y reconoce la Rectoría del MCJ dentro del sistema, se establecen toda una serie de mecanismos de concertación entre la sociedad civil y las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, en la definición de las Políticas Nacionales y Locales de Cultura, y en la implementación de la ley y los derechos culturales que tutela. Uno de ellos es la creación de “Consejos de Cultura” tanto de carácter nacional como en el ámbito local.

El Proyecto de Ley propuesto inicialmente se mantiene anclado en los paradigmas que sobre el patrimonio cultural se manejaban en el pasado, delimitando tal concepto al Patrimonio Arqueológico, Histórico y arquitectónico y artístico, e introduciendo como único avance, el “patrimonio sumergido”.  El TS en cambio, incluye y desarrolla la tutela sobre el PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL O  INTANGIBLE tal y como nos obligan los tratados internacionales adoptados por el país en la materia.

El Proyecto de Ley propuesto inicialmente establece muchas obligaciones que se agotan en su enunciado, sin encontrar o formular propuestas que aseguren que los derechos culturales derivados de tales obligaciones puedan encontrar vías efectivas de concreción.  El TS en cambio, busca visualizar los “mecanismos” y responsables de todas las obligaciones en el campo de la garantía de los derechos culturales, en aras de que se convierta en un instrumento efectivo y real para que el ciudadano pueda defender y exigir su derecho humano a la cultura.

El Proyecto de Ley propuesto inicialmente es omiso en una serie de temas cruciales que una Ley General de Cultura debería abordar y que el TS si se encarga de posicionar y dimensionar tales como:  el valor e impulso a las Industrias Culturales;  la atención y garantías en el campo de la cultura para poblaciones específicas (niñez, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, etnias, poblaciones en condición de migración); el papel de la educación como eje articulador de la cultura desde los inicios de la formación en el ciclo básico; creación de mayores y más efectivos sistemas de control ciudadano y rendición de cuentas sobre las instituciones encargadas de la gestión pública de la cultura; la regulación de los derechos laborales y las garantías sociales de los trabajadores de la cultura; el establecimiento de un régimen de responsabilidades civiles y penales por violación de garantías básicas que aseguren los derechos humanos de carácter cultural o que impliquen la transgresión de normas básicas de protección del patrimonio cultural de la Nación.

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¿La Ley establece la obligatoriedad de otorgarle mayor presupuesto a Cultura? ¿De qué forma?

Se propone garantizar un 1% del presupuesto anual de la República como monto mínimo para el presupuesto del gasto público asignado al MCJ. Esto deberá concretarse de forma gradual en un lapso de 4 años a partir de la promulgación de la Ley. También se propone que los Gobiernos Locales asignen al menos el 1% del total de su presupuesto anual, para la atención de sus obligaciones en la gestión de la cultura en su cantón. Esto implica la modificación el artículo 170 del Código Municipal que establece un 3% para deporte y recreación. De ese 3% se propone una reasignación para mantener un 2% para Deporte; y el 1% para la Gestión Local de la cultura.

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¿Por qué abocarse ahora por trabajar esta Ley y no seguir con el proceso de la Ley de Premios Nacionales?

La Ley General de Cultura no pretende sustituir las legislaciones específicas, sino llenar los grandes vacíos y crear un entorno de coherencia jurídica en la legislación existente. Hoy por hoy los Premios Nacionales de Cultura están regulados a través de un conglomerado de decretos y de leyes desfasadas en términos paradigmáticos, y desproporcionadas en términos de la equidad en la distribución de los reconocimientos que promueven. Por esto desde la administración anterior se inició un trabajo de análisis de este marco jurídico con miras a su reformulación. En esta administración decidimos darle continuidad a este proceso, y no se ha paralizado. Son procesos aparte que se trabajan de forma paralela.

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