Política Nacional de Derechos Culturales

La Política Nacional de Derechos Culturales fue firmada por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda; y el ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón López, el 17 de diciembre de 2013.

Este documento regirá del 2014 al 2023. Fue elaborado tras un amplio proceso de consulta en el que participaron más de tres mil personas. Representa un paso fundamental en el proceso de dotar al Estado costarricense de una herramienta que oriente con claridad y de manera consistente, los planes de gobierno y las acciones estratégicas del Sector Cultura, a nivel nacional, regional y local.

Para lograrlo, la PNDC define un conjunto de principios, enfoques, lineamientos y ejes estratégicos, identificados a través de la consulta, como prioritarios para estimular la libre y efectiva participación de la diversidad de las poblaciones en la vida cultural, así como mecanismos para la articulación positiva de las instancias que promueven expresiones culturales, en los procesos de desarrollo humano, social y económico, en la diferentes regiones de país.

De acuerdo con el ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón, “esta Política constituye un logro fundamental en la historia de la institucionalidad costarricense, por cuanto se aprueba como política de Estado para proteger y promover los derechos humanos culturales, en sus diferentes ámbitos de interacción. No solo propone la actualización orgánica del Ministerio de Cultura y Juventud para ponerlo a la altura de los requerimientos actuales, sino que también propone mecanismos que buscan potenciar la dimensión de la cultura, como un potente vector y motor del desarrollo, con la participación de las personas, grupos, pueblos y organizaciones culturales a nivel nacional”.

A partir de este momento se comenzará a diseñar y gestionar el donde se precisan las acciones específicas que deberán realizarse, los resultados esperados, los tiempos, las instancias responsables y los recursos asignados para su ejecución, así como los mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para asegurar su cumplimiento.

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