Ley General de Derechos Culturales

Una Ley es una norma jurídica que delimita el libre albedrío de las personas en la sociedad. Su razón de ser es regular, establecer y ordenar conductas, garantizando derechos, delimitando deberes y prescribiendo sanciones.

En este contexto, una Ley General de Cultura aspira a crear los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos culturales e imponer al Estado el cumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos culturales de todos y cada uno de los individuos que habitan el territorio nacional.

La creación de la Ley General de Derechos Culturales es importante porque habilitará a la ciudadanía con un marco legal que defina y que regule con claridad las potestades de intervención del Estado en materia cultural, y sus competencias como garante de los derechos culturales de las personas.

Propuesta del actual proyecto de ley: 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, el proyecto de ley que se presenta procura dar respuesta en los ámbitos más relevantes que han quedado al descubierto, planteándose entonces una división en seis títulos, de la siguiente forma:

Título I Disposiciones preliminares
Título II. El Ministerio de Cultura y Juventud y el Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos Culturales
Título III. Promoción y Estímulo para el Ejercicio de los Derechos Culturales
Título IV. Protección y gestión del patrimonio cultural
Título V. Derecho sancionatorio
Título VI. Disposiciones finales

El Título I surge de la necesidad de hacer una conceptualización más clara de los derechos humanos culturales y de su importancia para nuestra convivencia democrática, por ello se enfatizan aspectos como:
• Principios y enfoques
• Exposición de los derechos culturales
• Mecanismos para garantizar estos derechos

Este título aborda en su capítulo V la protección y promoción de los derechos humanos culturales en las poblaciones indígenas, tema que requiere una atención y tratamiento particular, dado que la cultura determina desde la práctica de sus tradiciones hasta su forma cotidiana de vivir. Este capítulo amplía los temas tratados de:

• Derechos culturales de las personas indígenas
• Patrimonio cultural indígena
• Derecho de consulta libre e informada a los pueblos indígenas
• Creación de la Unidad de Culturas Indígenas.

Por su parte, el Título II trata de la estructura interna del MCJ y a partir de este enfoque de derechos, una  propuesta de Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos Culturales, que permitirá dar un mayor orden a la institucionalidad dispersa del sector, a fin de mejorar las relaciones de coordinación con otras entidades estratégicas para su desarrollo, así como la participación de las personas y organizaciones sociales. Se hace énfasis en:

• Definición del Sector
• Órganos del Sistema
• El enfoque territorial

De muy poco sirve un buen marco institucional si las personas y los grupos vinculados con el ejercicio de los derechos culturales no logran ver en su trabajo un justo reconocimiento social, tanto en lo económico como en lo profesional. Por ello, se establece un Título III de Promoción y estímulo para el ejercicio de los Derechos Culturales, con el fin de estimular la creación cultural y lograr una dinamización económica de la cultura, sin perder de vista el apoyo y la protección de las personas creadoras y su entorno, fortaleciendo las iniciativas locales. Se hace énfasis en:

• Acciones para respaldar los procesos de creación cultural
• Dinamización económica de la cultura

Otra gran inquietud de las y los costarricenses es la protección y gestión de nuestro patrimonio cultural. El país tiene –como se demostró en el diagnóstico- un régimen irregular en este tema. Por tanto, el Título IV procura ordenar y llenar los vacíos existentes. La materia prima que sirvió de base para la propuesta fue elaborada por las instituciones encargadas de la protección, por medio de un proceso muy serio y riguroso desarrollado durante el año 2008, y que se ha visto enriquecida durante el proceso actual. Son temas básicos de este título:

• Definir claramente la parte del Sistema Nacional que debe encargarse de la protección de los distintos ámbitos del patrimonio cultural
• Fortalecer las medidas de protección y gestión del patrimonio cultural
• Mejorar la regulación de la relación entre particulares e institucionalidad pública en materia de patrimonio, tomando en cuenta el ejercicio efectivo del derecho de participación.

Finalmente, el Título V de la Ley se dispone para establecer algunas medidas sancionatorias básicas que fortalezcan su aplicación. Junto a las medidas tradicionales, se ha agregado la sanción frente al  incumplimiento de las órdenes emitidas en aplicación del derecho cautelar que esta legislación promueve.

El Título VI y final propone algunas reformas legislativas convenientes, como incluir al Ministro o Ministra de Cultura y Juventud entre los miembros del Consejo Superior de Educación y establecer más claramente la vinculación entre Sistema Educativo y derechos culturales en la normativa básica que lo regula, así como reformar el ARTÍCULO 1º.- 17 del código Municipal, para crear la Unidad Permanente de Asuntos Culturales en las Municipalidades.

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